La Procuraduría General de la República (PGR) cuenta con
datos específicos que pueden esclarecer las razones del ataque contra
estudiantes normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre
de 2014, de acuerdo con el fiscal del caso, Alfredo Higuera.
Durante la audiencia pública llevada a cabo en Bogotá,
Colombia, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
representantes del Estado mexicano compartieron algunos avances de las
investigaciones y representantes de las víctimas reclamaron que éstos son
insuficientes.
Vidulfo Rosales, del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan,
dijo que ninguno de los 11 puntos establecidos en el cronograma de 2017 ha sido
cumplido totalmente por parte del gobierno federal. Detalló que el cronograma
de 2017 establecía agotar las líneas de investigación relacionadas con el
Ejército, la Policía Federal y autoridades del Estado de Guerrero en septiembre
y agosto, respectivamente, pero ninguna de ellas ha sido agotada hasta ahora.
Dado el incumplimiento del cronograma del 2017 los
representantes de las víctimas propusieron al gobierno mexicano un nuevo
cronograma para 2018, pero éste fue rechazado por el gobierno federal. Miguel
Ruiz Cabañas, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de
la Secretaría de Relaciones Exteriores, respondió que la propuesta oficial es
fortalecer el cronograma de 2017.
Ruiz Cabañas agregó que algunos puntos propuestos por los
familiares de los normalistas y sus representantes no dependen del gobierno
mexicano. Por ejemplo, se pide concluir los esfuerzos de búsqueda en algunos
puntos señalados gracias a tecnología láser, pero éstos deben realizarse en
presencia del Equipo Argentino de Antropología Forense, que ha pospuesto su
participación, según dijo el funcionario.
El subsecretario afirmó que es compromiso del Estado
mexicano arribar a conclusiones en el caso durante este año. Frente a los
reclamos por los nulos avances en la investigación el fiscal asignado al caso
Ayotzinapa Alfredo Higuera, dijo que en semanas recientes se ha obtenido
información que permitiría esclarecer la razón del ataque. “Con la información
más reciente, se cuenta con datos específicos que pueden dar certidumbre para
establecer por qué los jóvenes fueron acometidos esa trágica noche”, dijo.
Esa información también da cuenta “del nivel de
involucramiento de mandos e integrantes de la organización criminal que operaba
en Iguala y otro municipios y la indudable participación directa de distintas
corporaciones, esencialmente municipales, en colusión”, añadió.
Los datos recabados por la Procuraduría de igual manera
permiten conocer, dijo el fiscal, las acciones que llevaron a cabo los
responsables de la desaparición de los 43 normalistas para contrarrestar al
gobierno federal y para tratar de responsabilizar a algunas autoridades en
específico.
Mario Patrón, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín
Pro Juárez, reveló que cuentan con un archivo que incluye 19 líneas de
investigación que podrían seguirse, derivado de las escuchas telefónicas que se
realizaron gracias a la asistencia técnica internacional. Patrón dijo que
enviarán ese archivo a la CIDH para su análisis y para que sea trasladado al
Estado mexicano.
La comisionada presidenta Esmeralda Arosamena de Troitiño
también se refirió a las escuchas telefónicas y dijo que aún está pendiente
hacer un análisis y tener una identificación clara de lo que representan esas
conversaciones “con el planteamiento de personajes del mundo político y de
autoridades“.
Arosamena de Troitiño agregó que también hacen falta
precisiones sobre el uso de nueve teléfonos celulares pertenecientes a
estudiantes desaparecidos después del 26 y el 27 de septiembre de 2014.
El comisionado Ernesto Vargas Silva, parte del Mecanismo de
Seguimiento al caso Ayotzinapa, dijo que uno de los planteamientos que deben
hacerse en este caso es “¿hasta dónde llega el manejo por parte del gran poder
del narcotráfico? Porque este es un tema del paso de alijos (contrabando) por
el estado de Guerrero hasta Estados Unidos. ¿Hasta dónde llega el poder del
narco cuando se aprovecha de policías locales?
