En medio del debate por la nueva política hídrica nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo colocó en la discusión pública un caso que involucra a la familia del exgobernador queretano José Eduardo Calzada Rovirosa y al diputado federal Mario Calzada Mercado, al señalar un presunto uso indebido de concesiones de agua originalmente otorgadas para fines agrícolas.
Durante su conferencia matutina, la mandataria sostuvo que cinco títulos de concesión concentrados por esa familia suman alrededor de 628 mil metros cúbicos de agua, volumen registrado bajo uso agrícola y, por tanto, exento del pago de derechos ante la Comisión Nacional del Agua al tratarse, en teoría, de aprovechamientos destinados a la producción alimentaria.
La observación presidencial apunta a que parte de ese recurso habría sido utilizado con fines distintos: comercialización mediante pipas, abastecimiento de desarrollos residenciales y suministro a un club de polo con amplias áreas verdes, en una zona donde comunidades cercanas enfrentan restricciones en el acceso al agua.
“La familia Calzada en Querétaro tenía concesiones de agua para riego agrícola… pero en realidad esa agua no era utilizada para producir alimentos, sino para un lugar residencial que tiene un campo para jugar polo, mientras la gente de al lado no tiene agua”, afirmó la presidenta.
En la misma exposición, el director de la Conagua, Efraín Morales López, explicó que revisiones recientes permitieron detectar irregularidades asociadas al funcionamiento de pozos presuntamente destinados a la comercialización del recurso, situación que derivó en clausuras y retiro de algunos títulos de aprovechamiento.
El caso también fue vinculado al debate legislativo, luego de recordarse que Mario Calzada Mercado manifestó oposición a la nueva legislación en materia hídrica durante su discusión en el Congreso.
Desde el gobierno federal, el expediente fue presentado como ejemplo de prácticas que la nueva Ley de Aguas busca corregir: concentración de concesiones, especulación sobre el recurso y desvío de volúmenes autorizados hacia fines distintos a los registrados oficialmente.
En una entidad como Querétaro, donde la presión sobre los acuíferos crece por expansión urbana e industrial, el señalamiento adquiere dimensión política y técnica: no sólo por los nombres involucrados, sino porque vuelve visible una disputa central en el nuevo modelo hídrico del país, donde el agua dejó de ser únicamente asunto administrativo para convertirse en terreno directo de confrontación pública.
