Durante años, desde Washington se ha señalado que la corrupción fluye del sur al norte. Que México es el problema, el origen, el eslabón débil. Sin embargo, un reportaje del New York Times vuelve a poner los hechos sobre la mesa: municiones fabricadas e inventariadas originalmente para el ejército de Estados Unidos cruzan la frontera y terminan en manos de los cárteles mexicanos. Y eso no ocurre por arte de magia.
La investigación documenta que grupos criminales utilizan munición calibre .50, diseñada para uso militar y producida en plantas propiedad del gobierno federal estadounidense. Balas concebidas para escenarios de guerra que hoy se emplean en ataques contra policías y civiles en México, superando ampliamente la capacidad de respuesta de las corporaciones locales.
El caso de Villa Unión, ocurrido el 30 de noviembre de 2019, ilustra con crudeza esta realidad. Un convoy armado con ametralladoras pesadas y rifles calibre .50 ingresó a la ciudad y atacó la presidencia municipal. La potencia de fuego obligó a solicitar apoyo del Ejército. El saldo: cuatro policías, dos civiles y 19 presuntos integrantes del cártel muertos. Una escena más cercana a un conflicto armado que a un operativo criminal.
En el lugar fueron encontrados casquillos calibre .45 y .50 con las iniciales “LC”, correspondientes a la planta de municiones de Lake City, propiedad del gobierno de Estados Unidos y principal proveedora del Pentágono. La misma instalación abastece al mercado civil estadounidense, donde este tipo de munición puede adquirirse legalmente.
Aquí surge la pregunta incómoda: ¿cómo cruzan estas municiones la frontera? Si el discurso oficial insiste en que la corrupción es un problema exclusivamente mexicano, este caso demuestra algo distinto: la aduana y los controles fronterizos de Estados Unidos también son corruptibles. Nada de este arsenal llega a México sin fallas, omisiones o complicidades del lado norte.
Las balas no caminan solas. No saltan el muro. No se esconden por voluntad propia. Cruzan por rutas donde alguien mira hacia otro lado. El flujo de armamento militar hacia México expone que la responsabilidad es compartida y que la narrativa unilateral se cae cuando los hechos apuntan en ambas direcciones.
El reportaje del New York Times no solo describe el poder de fuego de los cárteles; desnuda una verdad más profunda: mientras se criminaliza a México, el sistema que permite que armas y municiones de uso militar salgan de Estados Unidos sigue intacto. Y sin una revisión real de ese problema, la violencia seguirá cruzando la frontera… siempre armada.
