La decisión ocurre en medio de acusaciones por presuntos vínculos con el narcotráfico y mientras autoridades federales revisan el caso
El vicefiscal general de Sinaloa, Dámaso Castro Zaavedra, solicitó licencia a su cargo en un contexto marcado por señalamientos provenientes de Estados Unidos, donde se le vincula con delitos relacionados con narcotráfico y posesión de armas.
A través de un comunicado oficial, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que la petición del funcionario se sustenta en diversos preceptos legales, tanto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como de la legislación estatal y la Ley Orgánica de la propia institución. La dependencia precisó que la separación del cargo se realiza conforme a los procedimientos establecidos en el marco jurídico vigente.
En el mismo posicionamiento, se indicó que Castro Zaavedra expresó su disposición para colaborar con cualquier requerimiento institucional que se le formule, asegurando que atenderá los procesos correspondientes por las vías legales y en apego a derecho.
Este movimiento se produce después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitara a México la detención urgente de diez funcionarios sinaloenses, entre ellos el gobernador Rubén Rocha Moya, a quienes se les atribuye presunta colaboración con el Cártel de Sinaloa para facilitar el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.
Ante esta situación, el Gobierno de México aclaró que la petición de las autoridades estadounidenses no corresponde a un procedimiento ordinario de extradición y señaló que, hasta el momento, no se cuenta con elementos suficientes que sustenten la urgencia de dichas acciones.
En paralelo, algunos de los funcionarios mencionados en los señalamientos, como el propio mandatario estatal y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, optaron por solicitar licencias temporales a sus cargos mientras la Fiscalía General de la República lleva a cabo las investigaciones correspondientes. En contraste, otros actores políticos, como el senador Enrique Inzunza, continúan en funciones.
Todos los implicados han rechazado de manera categórica las acusaciones en su contra. El caso ha generado un amplio debate en el ámbito político nacional, debido a sus posibles repercusiones en la relación bilateral entre México y Estados Unidos, así como por el alcance de las investigaciones en curso.
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