Ciudad de México. La situación legal del exgobernador de Silvano Aureoles Conejo se endureció luego de que un juez federal librara 16 órdenes de aprehensión contra exfuncionarios y exmandos de seguridad de Michoacán, entre ellos el exmandatario, por homicidio calificado, tortura y abuso de autoridad relacionados con los hechos ocurridos en Arantepacua en abril de 2017.
Las órdenes también alcanzan al exsecretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Martínez, y a 14 elementos de la Policía Estatal, señalados por el operativo en el que murieron cuatro personas y decenas resultaron heridas durante la represión en esa comunidad purépecha.
Este nuevo proceso se suma a la investigación de la Fiscalía General de la República por un presunto desvío superior a 3 mil millones de pesos en la construcción de siete cuarteles policiacos durante su administración, caso por el que también enfrenta acusaciones de peculado y asociación delictuosa.
Las indagatorias apuntan a contratos otorgados a Inmobiliaria DyF S.A. de C.V. para obras en municipios como Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro, con inconsistencias en la acreditación de terrenos y recursos ejercidos.
Aureoles permanece prófugo, mientras autoridades sostienen que salió del país desde un aeropuerto de Jalisco.
La masacre de Arantepacua sigue siendo uno de los episodios más delicados de su sexenio: tras una protesta por un conflicto territorial, más de 800 policías intervinieron en la zona, dejando cuatro ejecuciones extrajudiciales, denuncias de tortura, detenciones arbitrarias y centenares de víctimas directas.
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