Por: 𝒢𝒶𝓈𝓉𝒶𝓃𝒹𝑜 𝒯𝒾𝓃𝓉𝒶 🖋️
En México, el sistema de pensiones se convirtió durante años en uno de los rostros más visibles de la desigualdad. Mientras millones de trabajadores reciben jubilaciones que apenas alcanzan para sobrevivir, una minoría mantiene ingresos que pueden superar el medio millón de pesos mensuales. Dos realidades que conviven en el mismo país, pero que nacieron bajo reglas profundamente distintas.
Hoy, esa desigualdad ha vuelto al centro del debate público. Mientras los jubilados bajo el esquema de Afore perciben en promedio cerca de cinco mil pesos mensuales, un grupo reducido de ex funcionarios y ex líderes sindicales mantiene pensiones que alcanzan hasta medio millón de pesos al mes, particularmente en empresas del Estado como Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Datos obtenidos vía transparencia revelan que, hasta 2024, estas empresas destinan alrededor de 550 millones de pesos anuales para cubrir pensiones de aproximadamente 160 beneficiarios con ingresos que van de los 250 mil a los 500 mil pesos mensuales. A ello se suman esquemas privilegiados en la banca de desarrollo, como Nacional Financiera, donde ex altos funcionarios han acumulado beneficios millonarios tras periodos relativamente cortos en sus cargos.
Entre los casos más visibles figuran José Ángel Gurría Treviño y Óscar Espinosa Villarreal, señalados como beneficiarios de esquemas que incluyen no solo pensiones, sino prestaciones adicionales que elevan considerablemente sus ingresos durante el retiro.
El origen de esta brecha es claro. El modelo de cuentas individuales —las Afore— trasladó el riesgo al trabajador, dejando su retiro sujeto a las condiciones del mercado. En contraste, los esquemas anteriores, protegidos por contratos y acuerdos políticos, garantizaron beneficios elevados para ciertos sectores. Así, el derecho a una pensión digna dejó de ser universal para convertirse en un privilegio.
Pero el problema no es únicamente económico, es profundamente social. Cada pensión millonaria financiada con recursos públicos evidencia una estructura desigual que durante décadas se toleró, pero que hoy resulta insostenible frente a una sociedad que exige mayor justicia.
En este contexto, la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum marca un punto de inflexión. Su gobierno ha insistido en la necesidad de avanzar hacia un sistema de pensiones más justo y equitativo, con el objetivo de reducir la brecha entre las pensiones más altas y las más bajas, y garantizar condiciones dignas para la mayoría de los trabajadores.
No se trata únicamente de una reforma técnica, sino de una visión de país. La mandataria ha defendido los cambios impulsados en años recientes para mejorar los ingresos de quienes cotizan en el sistema de cuentas individuales, así como el fortalecimiento de mecanismos solidarios que permitan elevar las pensiones más bajas.
El contraste, sin embargo, sigue siendo evidente. Mientras el sistema de Afore ofrece ingresos que rondan el 70 por ciento del último salario —en muchos casos insuficientes—, persisten esquemas heredados que permiten a una minoría acceder a pensiones millonarias financiadas con recursos públicos.
Especialistas coinciden en que este escenario representa uno de los mayores retos del país: cerrar la brecha entre quienes cuentan con beneficios privilegiados y la mayoría de los trabajadores que enfrentan una jubilación con ingresos limitados.
El desafío no es menor. Ajustar el sistema implica tocar intereses arraigados durante años. Las pensiones de élite no surgieron por casualidad; son resultado de decisiones políticas y acuerdos que aún tienen peso. Transformarlas requiere voluntad, pero también firmeza.
Porque el verdadero fondo del debate no es solo financiero, es moral. Un sistema que garantiza abundancia a unos cuantos y precariedad a millones erosiona la confianza pública y pone en entredicho el principio de justicia social.
México se encuentra ante una disyuntiva clara: mantener un modelo fragmentado que perpetúa la desigualdad, o avanzar hacia uno más justo, donde el bienestar no dependa del privilegio, sino del derecho.
En esa ruta, la apuesta por la equidad deja de ser un discurso para convertirse en una necesidad urgente. Y en el centro de esa transformación está una idea simple, pero contundente: que el retiro digno deje de ser una excepción y se convierta, por fin, en una garantía para todos.
