Por: 𝒢𝒶𝓈𝓉𝒶𝓃𝒹𝑜 𝒯𝒾𝓃𝓉𝒶 🖋️
En Nuevo León la política decidió, al fin, quitarse el maquillaje. Febrero de 2026 dejó una escena que hace apenas unos meses parecía impensable: Morena, PRI y PAN sentados en la misma mesa, no para tomarse la foto, sino para cerrarle el paso a un gobernador que confundió el escenario con el poder y la narrativa con el gobierno.
Samuel García vetó el paquete fiscal como quien lanza un reto. Pensó que el Congreso retrocedería, que el ruido mediático bastaría para doblar a las bancadas. Se equivocó. El veto no fue el cierre de una negociación, fue el punto de arranque de una alianza incómoda, pero efectiva, que decidió hacer lo que la política suele evitar: poner límites reales.
El acuerdo legislativo no nació del amor ni de la coincidencia ideológica. Nació del hartazgo. Del uso discrecional del presupuesto, del retraso deliberado en la entrega del paquete económico y de la práctica reiterada de ignorar decretos aprobados. Cuando el Ejecutivo convierte la omisión en estrategia, el Legislativo responde con control.
Pero hay algo más de fondo que pocos dicen en voz alta. Esta alianza también busca impedir que Movimiento Ciudadano —el partido desde el cual gobierna Samuel García— consolide un crecimiento político real en Nuevo León. No se trata solo de frenar al gobernador en turno, sino de evitar que MC capitalice el poder estatal como plataforma de expansión y permanencia. El mensaje es claro: no habrá cheque en blanco para que un proyecto personal se convierta en hegemonía regional.
Por eso los juicios políticos no son un exceso ni una ocurrencia. Son un mensaje. El Congreso le recordó al gobernador que publicar decretos no es un favor, y que entregar el presupuesto a tiempo no es una concesión política, sino una obligación constitucional. En esa lógica, la ley volvió a ser un instrumento de poder y no un accesorio decorativo.
El golpe más sensible está en la deuda. Limitar la capacidad del gobierno estatal para endeudarse y redirigir recursos a municipios, seguridad y movilidad no es solo una decisión financiera; es una declaración política. Es decirle al Ejecutivo que ya no puede disponer del dinero público como si fuera parte de su narrativa personal.
El respaldo de la dirigencia nacional de Morena, encabezada por Luisa María Alcalde, terminó de sellar el acuerdo. El discurso fue claro: poner orden. No al gobernador, sino al ejercicio del poder. Y cuando Morena decide caminar con el “PRIAN”, no es por afinidad, es porque el cálculo político superó al dogma.
Nuevo León se convirtió así en un laboratorio incómodo. Por primera vez, Movimiento Ciudadano enfrenta un Congreso que no le concede el beneficio de la duda ni la comodidad del protagonismo. El gobernador quedó cercado por algo que no controla: los contrapesos.
Aquí no hay héroes ni villanos absolutos. Hay política en estado puro. Y una lección que suele olvidarse: cuando el poder se ejerce sin límites, la política —tarde o temprano— se los impone. Aunque para eso tenga que juntar a quienes juraron no sentarse nunca en la misma mesa.

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