Por: 𝒢𝒶𝓈𝓉𝒶𝓃𝒹𝑜 𝒯𝒾𝓃𝓉𝒶
La pregunta ya no es si el Mundial de 2026 está en riesgo. La pregunta incómoda, la que nadie quiere formular en voz alta, es otra: ¿las reglas de la FIFA aplican también cuando quien las viola es Estados Unidos? Porque la invasión a Venezuela —bombardeo unilateral y secuestro de un presidente incluidos— no es solo un escándalo geopolítico; es una bomba directa al discurso de neutralidad del deporte internacional.
El reglamento de la FIFA no es ambiguo cuando le conviene. La organización presume sanciones severas contra países involucrados en conflictos armados, violaciones graves al derecho internacional o prácticas contrarias a sus “valores”. No es retórica: hay antecedentes claros, documentados y dolorosamente selectivos.
Tras la Segunda Guerra Mundial, Alemania y Japón fueron excluidos del Mundial de Brasil 1950. No hubo debate moral prolongado ni excusas económicas: habían sido actores centrales del conflicto global y, además, sus federaciones estaban en proceso de reorganización. El fútbol pagó la factura de la guerra.
Sudáfrica es otro ejemplo incómodo. Entre 1961 y 1992, el país fue suspendido y finalmente expulsado por el régimen del Apartheid. La FIFA exigía una selección multirracial; las leyes sudafricanas lo prohibían. La sanción se sostuvo durante décadas, sin atenuantes, hasta que el sistema político cambió.
En Yugoslavia, la historia se repitió. En 1992, en plena Guerra de los Balcanes, la ONU impuso sanciones internacionales. El resultado fue inmediato: exclusión de la Eurocopa y del Mundial de Estados Unidos 1994. No importó la tradición futbolística ni el talento de sus jugadores. Mandaron las resoluciones internacionales.
Más reciente aún es el caso de Rusia. Tras la invasión a Ucrania, la FIFA y la UEFA suspendieron a todos los equipos rusos de sus competiciones. Rusia quedó fuera de Qatar 2022 y sigue vetada rumbo a 2026. La sanción permanece vigente y nadie en el organismo finge sorpresa.
Con este historial sobre la mesa, la pregunta deja de ser retórica y se vuelve incómodamente concreta: si las reglas se aplicaron a Alemania, Japón, Sudáfrica, Yugoslavia y Rusia, ¿por qué Estados Unidos sería la excepción? ¿Qué prevalece hoy, el derecho internacional o el tamaño del mercado?
Porque si las normas fueran normas y no sugerencias, Estados Unidos no podría ser sede del Mundial 2026. Y, bajo el mismo criterio aplicado a otros países, su selección debería ser vetada de las competiciones internacionales. Así de claro. Así de incómodo.
Pero el problema nunca ha sido jurídico. Es político. Y, sobre todo, económico. ¿Quién se atreve a sancionar al principal motor financiero del fútbol global? ¿Quién está dispuesto a sacrificar patrocinios, derechos de transmisión y contratos multimillonarios en nombre de la coherencia?
La FIFA castiga con rapidez a los países débiles, pero duda cuando el expediente lleva el sello de una superpotencia. Ahí las reglas se reinterpretan, el contexto “se analiza” y la ética se subordina a la estabilidad financiera.
El Mundial de 2026 ya no es solo un torneo. Es una prueba de credibilidad para el sistema internacional y para el fútbol mismo. Si Estados Unidos invade y no pasa nada, entonces dejemos de fingir que el deporte está regido por valores universales. La cancha, como el mundo, también se ordena por la ley del más fuerte.
Al final, el silbatazo decisivo no lo dará el árbitro. Lo dará el dinero. Y cuando eso ocurre, el juego deja de ser justo, aunque siga rodando el balón.
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