Mexicali, Baja California.— Jesús Alejandro Ruiz Uribe, quien se desempeñó como delegado de programas sociales del gobierno federal en Baja California entre 2019 y 2025, enfrenta señalamientos por presunto enriquecimiento oculto, una falta considerada grave por la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
De acuerdo con información oficial, el exfuncionario habría omitido informar de manera completa su evolución patrimonial en las declaraciones correspondientes a 2024 y 2025, periodo en el que todavía ocupaba el cargo. En dichas declaraciones no habría registrado la venta de un terreno valuado en más de 11 millones de pesos, a pesar de que el inmueble sí figuraba previamente en su patrimonio.
El terreno en cuestión, con una extensión cercana a los 3 mil metros cuadrados, había sido declarado originalmente con un valor aproximado de 2 millones de pesos. Sin embargo, dos años después fue vendido por 11 millones 162 mil pesos, operación que, según los documentos revisados, no fue reportada como ingreso por enajenación de bienes, ya que Ruiz Uribe declaró en ceros ese rubro.
Posible sanción administrativa
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera esta omisión como una falta grave, por lo que corresponderá a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno analizar la evolución patrimonial del exdelegado e iniciar, en su caso, un procedimiento administrativo sancionatorio.
De proceder, la sanción aplicable sería la inhabilitación, señalaron fuentes consultadas, dado que Ruiz Uribe fue destituido de su cargo el pasado 15 de septiembre. Asimismo, no se descarta que el caso sea turnado a la Fiscalía General de la República, si se determina la probable comisión de un ilícito.
Antecedentes y señalamientos previos
No sería la primera vez que Ruiz Uribe es señalado por irregularidades. En 2019 habría incurrido en otra falta grave al encubrir presuntos actos de corrupción, relacionados con aportaciones ilegales de empresarios para la obtención de contratos en el gobierno de Baja California.
En ese momento, ya como delegado federal, se le atribuye haber tenido conocimiento de prácticas conocidas como “moches”, sin presentar denuncia formal ante la autoridad correspondiente, y limitándose a informar al entonces gobernador electo Jaime Bonilla, quien además fue su antecesor en el cargo.
La operación inmobiliaria
La compraventa señalada corresponde a un predio ubicado en la avenida Hamburgo, en el fraccionamiento Villafontana de Mexicali, donde anteriormente operó la Escuela Normal de Educadoras de la Universidad de Tijuana, institución fundada por Jesús Ruiz Barraza, padre del exfuncionario.
Tras un conflicto familiar, los planteles educativos fueron redistribuidos en distintas ciudades del noroeste del país, cada uno con inmuebles propios.
La venta a plazos del terreno se formalizó en 2023, cuando se acordó la enajenación de una superficie total de 3 mil 682 metros cuadrados, por un monto de 11 millones 162 mil pesos, entre Ruiz Uribe y Milton Rubio, representante de Aguas de Rosarito, filial de Consolidated Water.
Dicha empresa mantiene un litigio internacional por 51 millones de dólares contra el gobierno de Baja California, relacionado con el incumplimiento del contrato para construir una planta desalinizadora en Playas de Rosarito.
El primer pago se realizó el 21 de abril de 2023, mediante transferencia bancaria a nombre de Jesús Ruiz Barraza, quien falleció tres meses después. Posteriormente, el contrato se inscribió en el Registro Público de la Propiedad el 31 de julio de 2023.
Los pagos restantes se acordaron mediante siete transferencias mensuales, lo que permitió concluir la operación en enero de 2024.
Omisiones en declaraciones patrimoniales
Pese a lo anterior, en su declaración anual presentada el 15 de mayo de 2024, Ruiz Uribe reportó únicamente su salario, aguinaldo y ingresos por actividades empresariales ligados a instituciones educativas en Baja California Sur, Sinaloa y Tijuana, sin incluir la millonaria venta del terreno.
De acuerdo con el Sistema Nacional de Transparencia, dicha operación no aparece registrada ni en las declaraciones de 2024 ni en las de 2025, previas a su separación del cargo. Incluso, el exdelegado mantuvo registrado el predio como parte de su patrimonio, asignándole un valor inferior a los 3 millones de pesos.
Además, omitió declarar el patrimonio de su cónyuge, quien ocupa un cargo como regidora en el cabildo de Ensenada, obligación establecida por la normatividad vigente.
Por el momento, las autoridades continúan con el análisis del caso, que podría derivar en sanciones administrativas y posibles acciones penales, mientras el exfuncionario no ha emitido una postura pública sobre los señalamientos.
